El gobierno federal impulsa cambios a la legislación para modificar las reglas de la revocación de mandato, con el objetivo de permitir que el propio presidente pueda promover este ejercicio de participación ciudadana.
Actualmente, la Constitución establece que los servidores públicos deben mantenerse al margen de la difusión de la revocación, limitando su promoción a la ciudadanía y a las autoridades electorales. Sin embargo, la propuesta busca flexibilizar estas disposiciones para ampliar la participación y difusión del proceso.
La iniciativa forma parte del llamado “plan B” en materia electoral, que incluye ajustes a distintos mecanismos democráticos, entre ellos la posibilidad de adelantar la consulta de revocación y empatarla con procesos electorales.
De concretarse, los cambios implicarían una transformación relevante en el modelo actual, al permitir que el titular del Ejecutivo tenga un papel activo en la promoción de su propia evaluación ciudadana, lo que ha generado debate entre especialistas y actores políticos.
La propuesta aún deberá ser discutida en el Congreso, donde podría enfrentar resistencia de la oposición, que ha cuestionado el impacto de estas modificaciones en la equidad de los procesos democráticos.
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